miércoles, 4 de noviembre de 2009

DIGANME USTEDES, ACASO NO TODAS LAS PERSONAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS???''

Ministerio de Justicia y sociedad civil discuten por derecho de indígenas
15:49 | En Washington, Pastor dijo que hay una “malévola campaña de desinformación”. ONGs afirman que no hay consulta

Washington (EFE) . El ministro de Justicia , Aurelio Pastor, denunció hoy ante la CIDH una “malévola campaña de desinformación” para desprestigiar a su Gobierno en relación a los enfrentamientos ocurridos el pasado junio en la provincia de Bagua.

Pastor respondió así a las denuncias presentadas por varias organizaciones pro indígenas en una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el 6 de noviembre.

“Al mundo se le mintió acerca de lo ocurrido en Bagua. Se llenaron páginas web y blogs con información falsa y se presentó al presidente Alan García como contrario a los derechos de propiedad de los indígenas”, aseguró el ministro.

Pastor se mostró “sorprendido” de que los enfrentamientos ocurridos en Bagua centraran una audiencia temática sobre los derechos humanos en la Amazonía peruana, y subrayó que esos hechos “se han manipulado en favor de intereses políticos e ideológicos”.

OTRA CARA
No obstante, representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (EE.UU.) manifestaron que el Gobierno viola de manera sistemática el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

El “derecho a la consulta ha sido incumplido de manera sistemática. Se ha violado (...) en todo el país”, sostuvieron Thomas Antkowiak, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales; Javier La Rosa, coordinador del área de Acceso a la Justicia del IDL, y Katya Salazar, directora ejecutiva del DPLF.

Perú ha suscrito el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que establece que tienen que ser consultados de forma previa en los temas que les afectan.